Tratar a los miamenses sin seguro médico ya es complicado para el Dr. Fred Anderson, sin tener que preocuparse de colocar a pacientes inmigrantes en una situación de quedar alejados de sus familiares y perder el acceso a servicios médicos gratis o de bajo costo.

Pero con la propuesta del gobierno del presidente Donald Trump, que negaría beneficios de inmigración a personas que usen ciertos beneficios públicos, como cupones de alimentos, asistencia para vivienda y Medicaid, Anderson dijo que su trabajo se ha dificultado mucho.

Menos pacientes se someten a tratamiento, dijo Anderson, y los que lo hacen se muestran cada vez más reacios a seguirlo, lo que hace aumentar las probabilidades de que sus problemas médicos empeoren.

“Muchos de nosotros consideramos que esto es un esfuerzo por convertir las prestaciones sociales en un arma”, dijo.

Expertos jurídicos y defensores de los pacientes dicen que la propuesta, conocida como “carga pública”, afecta a inmigrantes que solicitan un estatus legal pero no a sus hijos y dependientes. Pero la confusión y el temor sobre la política probablemente lleve a que menos menores en núcleos familiares de inmigrantes reciban atención médica, cupones de alimentos y otros beneficios que son clave para un desarrollo saludable, dijo Miriam Harmatz, abogada especializada en servicios médicos y codirectora ejecutiva del Florida Health Justice Project, una organización sin fines de lucro que defiende un mayor acceso a los servicios médicos.

“La gente está confundida y temerosa”, dijo.

El Justice Project calcula que en la Florida hay unos 107,000 niños en la Florida —aproximadamente la mitad en los condados Miami-Dade, Broward y Palm Beach— probablemente pierdan la cobertura de seguro del gobierno como resultado del efecto de la propuesta sobre las llamadas familias de estatus combinado, cuyos hijos son ciudadanos estadounidenses pero uno o los dos padres no lo son.

En Miami-Dade viven más inmigrantes que en cualquier otro lugar de la Florida, y casi 60 por ciento de los habitantes nacieron en otro país y 28 por ciento se identifican como no ciudadanos, según el Censo federal. De los 400,000 niños ciudadanos en la Florida que reciben Medicaid o CHIP y viven con un padre no ciudadano, el 27 por ciento, aproximadamente 109,000, viven en Miami-Dade.

Un aumento en la cantidad de niños no asegurados, dijo Harmatz, probablemente abrume el Sistema de Salud Jackson, de Miami-Dade y financiado por los contribuyentes, que recibe más de $400 millones al años en fondos locales para cumplir la obligación de ofrecer servicios médicos a todos los habitantes del condado, sin importar su estatus inmigratorio o capacidad de pago


Más de 400,000 niños floridanos nacidos en Estados Unidos están inscritos en los programas de servicios médicos Medicaid o CHIP con un padre no ciudadano, según la American Community Survey del 2016. La mitad de esos menores vive en los condados Miami-Dade, Broward y Palm Beach.

Inmigrantes que viven en Miami-Dade y dependen de programas de prestaciones sociales se mostraron renuentes a hablar con el Miami Herald por temor a atraer a atención de las autoridades federales de inmigración. Pero los que trabajan con esas personas dijeron que sus empleos se han dificultado debido a acontecimientos recientes, como la separación de hijos y padres en la frontera con México, y el tono antiinmigrante cada vez más fuerte.

Anderson, un médico de familia que trabaja en la flota de clínicas móviles de la Universidad Internacional de la Florida, que atiende en lo fundamental a personas no aseguradas y bajos ingresos en Miami-Dade, dijo que hace poco trató de persuadir a una mujer de unos 50 años a que se hiciera pruebas adicionales y una biopsia en el Hospital Jackson Memorial Hospital, después de someterse a un mamograma gratis.

Pero la mujer se negó debido a su estatus de inmigrante indocumentada y el temor a que ir al Jackson atrajera la atención de agentes de inmigración, aunque según las ordenanzas de Miami-Dade todos los habitantes del condado pueden recibir servicios médicos gratis o con descuentos a través del Jackson.

Anderson dijo que cree que las mismas herramientas que usa para ayudar a personas no aseguradas y de bajos ingresos en Miami-Dade a mejorar sus vidas ahora se van a usar en su contra a través de las políticas del gobierno de Trump, como los cambios propuestos en las llamadas reglas de carga pública, que dictan que el uso de prestaciones sociales afecta el estatus legal de los inmigrantes.

“Eso erosiona seriamente la confianza que hemos conseguido a lo largo de los años entre la comunidad, que sabe que estamos de su parte”, dijo Anderson. “Estamos tratando de que sean más saludables y se puedan valer por sí mismos”.

Anderson, profesor adjunto de la Facultad Wertheim de Medicina de FIU, supervisa una flotilla de clínicas móviles a través del programa NeighborhoodHELP de la universidad, que ofrece a personas de bajos recursos de Miami-Dade visitas a médicos de familia, los servicios de un psiquiatra y asesores de servicios sociales a cambio de que los pacientes permitan que los estudiantes de medicina trabajen con ellos.

Beatrice Farnsworth, instructora de la Facultad de Trabajo Social de FIU, dio que el programa NeighborhoodHELP trata a pacientes de todo tipo, como inmigrantes indocumentados, beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y residentes legales con tarjeta verde.

Pero últimamente, dijo Farnsworth, el programa ha visto una baja en la cantidad de visitas y una renuencia cada vez mayor a tratarse con especialistas, incluso entre los inmigrantes que no tienen nada que temer porque la propuesta no los afecta, como los que son residentes permanentes o tienen el TPS. Ella dice que el aumento en la retórica antiinmigrante y la confusión sobre la propuesta han tenido un efecto paralizador sobre los pacientes del programa.

Farnsworth dijo que el programa atiende a una familia formada por el padre, que es estadounidense naturalizado, la madre, quien es indocumentada, y sus tres hijos, todos nacidos en Estados Unidos.

“Ellos cumplen los requisitos para recibir cupones de alimentos y Medicaid para sus hijos”, dijo. Pero no lo solicitan esas prestaciones.

“Temen que si solicitan esos beneficios, a la madre no le van a dar la ciudadanía”, dijo Farnsworth. “Por suerte los niños están saludables, pero sabe Dios qué pasaría si algo sucede”.

Anderson dijo que a los médicos y trabajadores sociales del programa NeighborhoodHELP les gustaría decir a sus pacientes inmigrantes que no tienen razón para preocuparse. Pero ellos no son expertos en las leyes de inmigración, dijo, y temen aconsejar mal a los pacientes.

“No queremos alarmarlos”, dijo.

Las normas de inmigración en vigor definen la carga pública como alguien que depende fundamentalmente del gobierno para subsistir. La política solamente permite que el gobierno tomen en cuenta si la persona que solicita la ciudadanía recibe, o es probable que solicite, asistencia en efectivo, como el ingreso suplementario o la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, o cuidados a largo plazo pagados por el gobierno en un asilo u otra institución.

La lista ampliada publicada el miércoles agrega el Medicaid, el Programa de Subsidio por Bajos Ingresos a la Parte D del Medicare, el Programa de Asistencia Suplementaria de Nutrición (SNAP) y asistencia de vivienda pública, que a su vez incluye el Programa de Cupones de Asistencia del Plan 8 y la Asistencia de Alquiler del Plan 8.

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