El balance de las dos últimas décadas indica que los usuarios han pasado de las descargas ilícitas de contenidos a la suscripción y de poseer el objeto cultural a solo usarlo.

La tecnología ha mejorado, las leyes se han endurecido y la piratería cultural ha caído en picado en cuatro años (según datos del Ministerio de Cultura, del 18,3% al 5,1%, en el caso de la música; y del 16,1% al 3,7%, en el de los vídeos).

Pero, sobre todo, los servicios y los productos han mejorado tanto que Netflix cerró el tercer trimestre con un beneficio de 665 millones de dólares, un 65% más que en 2018, y Spotify alcanzó los 113 millones de usuarios de pago, un 31% más.

Disney y Apple son las siguientes compañías en aterrizar en el negocio del streaming.

La industria y los usuarios han tardado dos decenios en aceptarlo, desde la caída en desgracia del CD hasta la extensión del streaming. Veinte años de consumo cultural digital para reconocer que Internet no es el enemigo ni tampoco es gratis. Si en la primera década se asumió pagar para tener conexión, el final de la segunda década se ha reconocido que los contenidos también tienen un valor y un precio.

“Desde hace cinco años, con las nuevas prácticas de consumo digital, el contenido cultural en streaming es un bien aspiracional. La mayor parte de la sociedad española ha dejado de considerar que pagar por escuchar música o ver cine es de pringaos”, es el balance de Rubén Gutiérrez, director de la Fundación SGAE.

Cuenta el responsable del Anuario de las artes escénicas, musicales y audiovisuales de la entidad de gestión de derechos de autor, que el siglo XXI arrancó con la herencia del XX hasta que Napster provocó el primer impacto con el futuro. Apple recogió el modelo para crear iTunes y el reproductor MP3 (iPod). Y en 2005 arrancó YouTube. Un año después, Spotify. En 2008, Netflix —compañía de alquiler de DVD, fundada en 1997— introdujo su catálogo por streaming.En 2010, HBO lanzó su propio servicio.

Empresas que arrancaban en medio de una década que, en España, “fue una jungla que no respetaba ningún derecho de los autores, con la complicidad de las operadoras que se enriquecieron vendiendo megas de ADSL para navegar por internet sin pagar”, como señala Rubén Gutiérrez.

Desde entonces, el modelo de suscripción se ha consolidado. Es un síntoma de que la cultura ha hecho las paces con las nuevas tecnologías, según Juan Carlos Tous, consejero delegado de Filmin, plataforma pionera de cine online que opera desde 2006, y que cumple con su tercer año de balance de cuentas en positivo: “Internet no ha venido a competir, sino a complementar”.

El empresario señala un cambio clave en el hábito de consumo del ocio cultural: se prefiere usar a poseer. “El usuario ya no quiere tenerlo todo porque no puede tenerlo todo. Pero sí puede usarlo todo”, sostiene Tous.

La calidad ha convencido al usuario de que lo que se paga es mejor que lo que puede conseguir gratis (y de manera ilícita). Para el fundador de Filmin el mayor cambio en estos dos decenios de nuevo paradigma digital es que el consumidor “ya no quiere salir de casa” para consumir cultura. Este nuevo hábito ha puesto a las salas de cine en peligro. “El mercado no deja de crecer y hay un 50% de hogares que no tiene suscripción a ninguna plataforma audiovisual. Todavía hay margen de mejora”, dice.

El nuevo mercado ha obligado a cambiar la Ley de Propiedad Intelectual en tres ocasiones y el próximo Gobierno se enfrentará a la cuarta. Ni el Código Penal, ni la Ley del IRPF se han reformado tantas veces en estos 20 años. El objetivo era encontrar la garantía de los titulares de los derechos de autor y del acceso de los usuarios, aclarar las responsabilidades de las operadoras y las obligaciones de las nuevas plataformas de contenido. “Se han quedado con la producción, la distribución y la exhibición.

Su poder ha crecido tanto que ha provocado un nuevo desequilibrio que padecen los autores”, explica Ibán García del Blanco, Secretario federal de cultura del PSOE y eurodiputado. Cree que está pendiente instaurar un equilibrio que proteja al creador, pero no ve que sea con mecanismos de hace una década: “El canon por copia privada no tiene mucho sentido mantenerlo por mucho tiempo”, asegura.

No ha sido fácil. Entre la primera directiva del Parlamento Europeo de 2001 y la segunda, aprobada el pasado abril, han pasado muchas cosas. La nube no existía en 2001, solo era posible copiar en un CD. Ahora todo está en streaming. El reto ahora es acabar con los abusos de las grandes empresas que negocian con la web y sus contenidos, y apoyar la sostenibilidad del trabajo cultural.

Es una tarea pendiente que progresa en España, gracias al Estatuto del Artista, cuyo desarrollo está incluido en el pacto de gobierno de PSOE y Podemos, presentado ayer, que también incorpora de creación de una “oficina de derechos de autoría”. “La próxima lucha será cómo tarifar a YouTube”, señala Antonio Fernández, presidente de la Asociación para el desarrollo de la propiedad intelectual (ADEPI), para quien “el legislador ha entendido que en el entorno digital la gestión colectiva es más importante que nunca”.

Borja Adsuara, abogado experto en Derecho digital, no lo ve así: “La gestión colectiva se ha resentido con los operadores independientes, porque en digital la gestión puede ser individual, no así en lo físico. Es muy probable que los grandes autores monten por su cuenta una agencia que les lleven sus derechos”. Esto supondría el final de la solidaridad con el resto de autores, que ganan menos.